La CNMC supervisará las metodologías de medición de audiencia y podrá imponer multas de hasta 100.000 euros
El Gobierno ha incluido en su anteproyecto de ley para la creación del registro de medios de comunicación, gestionado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un nuevo marco sancionador que impactará directamente en los medidores de audiencia. Estas empresas podrán enfrentarse a multas de hasta 100.000 euros si incumplen las normativas de transparencia y metodologías establecidas en el Reglamento Europeo 2024/1083.
El texto exige que las métricas de audiencia sean transparentes, imparciales y verificables, además de requerir a las empresas del sector que ofrezcan información detallada y accesible sobre sus metodologías. Asimismo, los medios de comunicación podrán solicitar datos específicos de los resultados, incluidos los informes no agregados, con el fin de garantizar una medición fiable.
Además del refuerzo en la supervisión de las mediciones de audiencia, el anteproyecto establece que estos sistemas estarán sujetos a una auditoría anual independiente para asegurar la calidad de sus modelos cuantitativos. Aunque algunas empresas ya someten sus métricas a verificaciones externas de manera voluntaria, ahora este proceso será obligatorio. Actualmente, GfK cuenta con auditoría de la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el ámbito digital, mientras que en televisión, Kantar Media es supervisada por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC).
Un registro obligatorio para medios de comunicación
El anteproyecto también afecta directamente a los medios de comunicación, ya que establece la creación de un registro obligatorio gestionado por la CNMC. Se estima que 339 cabeceras deberán inscribirse y cumplir con nuevas obligaciones de transparencia, incluyendo la publicación de su estructura de propiedad y sus ingresos procedentes de publicidad institucional. La información será de acceso público.
El incumplimiento de estas obligaciones conllevará sanciones de hasta 200.000 euros en casos de infracciones muy graves, y de hasta 100.000 euros en el caso de infracciones graves, como la falta de actualización de la información requerida o la negativa a proporcionar datos cuando sean requeridos por las autoridades.
El proyecto también prevé la colaboración entre el registro estatal y los registros autonómicos, permitiendo el acceso electrónico a la información contenida en ambas bases de datos.
Control y regulación en la medición de audiencias
El nuevo marco normativo busca mejorar la fiabilidad y transparencia de las mediciones de audiencia en España, estableciendo mayores garantías tanto para los anunciantes como para los propios medios de comunicación. Sin embargo, la norma también genera interrogantes sobre la independencia de los organismos auditores y cómo afectará a la relación entre los medidores de audiencia y los medios.
El anteproyecto, que aún debe pasar por consulta pública y ser aprobado en el Congreso, marcará un punto de inflexión en la regulación del sector y en la supervisión del mercado de la comunicación en España.
