Japón acusa a Google de prácticas anticompetitivas y planea emitir una orden de cese
La Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC) ha anunciado su intención de emitir una orden de cese y desistimiento contra Google, acusándola de infringir la ley antimonopolio mediante contratos que obligan a fabricantes de smartphones a preinstalar su app de búsqueda y navegador Chrome. La medida se produce tras una investigación iniciada en octubre de 2022 y podría obligar a la BigTech a disolver los contratos restrictivos y a comprometerse a prevenir violaciones similares en el futuro.
Según el JFTC, Google exigió a los fabricantes de dispositivos en Japón que preinstalaran su app de búsqueda en posiciones específicas de las pantallas, como requisito para acceder a la tienda de Google Play. Además, la empresa habría compartido ingresos publicitarios con los fabricantes siempre que estos no incluyeran apps de motores de búsqueda competidores en sus dispositivos. Estas prácticas, según la comisión, han restringido de manera injusta la competencia en el mercado japonés desde 2020.
Según TheJapanTimes, el JFTC afirma que estas condiciones contractuales no solo afectan a los fabricantes, sino que también consolidan el dominio de Google en el mercado de motores de búsqueda. En diciembre de 2023, Google representó el 81% de las búsquedas realizadas en dispositivos móviles en Japón, muy por encima de su competidor más cercano, Yahoo, que obtuvo el 11,8%.
De concretarse, esta sería la primera orden de cese de este tipo emitida en Japón contra una de las grandes compañías tecnológicas conocidas como GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon). Esta acción refleja una tendencia internacional, ya que los gobiernos en Estados Unidos y varios en Europa han adoptado medidas similares en los últimos años para combatir prácticas monopólicas en el sector tecnológico.
La comisión ha notificado a Google las posibles sanciones y planea emitir formalmente la orden después de una audiencia con la empresa. Si la medida se lleva a cabo, Google deberá reformar sus prácticas comerciales, disolver los contratos existentes y comprometerse a no repetir estas infracciones.
En un mercado cada vez más centrado en la transparencia y la competencia justa, este caso podría marcar un cambio significativo en cómo las BigTech operan en Japón y en otros países.
