Tres influyentes grupos estadounidenses han intensificado sus críticas contra Google, exigiendo que el Colegio de Abogados de California inicie una investigación exhaustiva sobre las prácticas de Kent Walker, President of Global Affairs de Google. Las organizaciones American Economic Liberties Project, Check My Ads y Tech Oversight Project acusan a Walker de haber promovido políticas que facilitaron la destrucción de chats internos relevantes para varios juicios federales de antimonopolio en curso contra el gigante tecnológico.

El centro de la polémica es el llamado "Memorando Walker" (Memo Walker), un documento fechado en 2008, cuando Walker ejercía como asesor general de Google. Este 'memo', que salió a la luz en uno de los juicios recientes del Departamento de Justicia (DoJ) contra la compañía, ordenaba el cambio de la política de retención de mensajes de chat, pasando del historial activado al desactivado. Según las acusaciones, esta modificación tenía el objetivo de evitar la conservación de comunicaciones que pudieran comprometer a Google en investigaciones y futuros juicios.

Los grupos de defensa argumentan que esta política de "historial desactivado" fue aplicada de manera amplia para eliminar cualquier rastro de información potencialmente perjudicial en los juicios. El DoJ ha señalado este memorando como un punto de inflexión en la estrategia de Google para aumentar su secretismo corporativo. A pesar de que el memorando instruía a los empleados a preservar los mensajes relevantes sujetos a un "litigation hold" (retención de pruebas ante posibles juicios), las acusaciones indican que muchos trabajadores de Google habrían entendido que el objetivo real era la destrucción de información que pudiera ser descubierta en los tribunales.

Según informa The Verge en respuesta a estas acusaciones, Google ha defendido el memorando, calificándolo de documento antiguo que no tiene relevancia para las políticas actuales de retención de pruebas. En un comunicado oficial, la compañía señaló que "el memorando fue escrito 11 años antes de que el DoJ iniciara su investigación y claramente instruye a los empleados a tomar medidas para preservar los mensajes relevantes".

Sin embargo, los críticos alegan que esta política marcó un antes y un después en las tácticas de Google para evitar la transparencia en los juicios. Afirman que Walker, al promover esta estrategia, incumplió sus responsabilidades éticas como abogado. Además, lo acusan de fomentar una política de "comunicación cuidadosa", que instruía a los empleados a invocar de manera gratuita el privilegio abogado-cliente para proteger correos electrónicos sensibles de ser utilizados como pruebas.

Este no es el primer juicio en el que los opositores de Google han señalado la falta de registros de conversaciones como un argumento en su contra. En al menos tres casos, incluidos, uno presentado por Epic Games y dos encabezados por el DoJ, los abogados han argumentado que la destrucción de chats por parte de Google debería contar como evidencia desfavorable en los juicios. En estos casos, aunque los empleados de Google han testificado que los chats con historial desactivado eran simplemente para conversaciones triviales, algunos admitieron que, ocasionalmente, discutían asuntos comerciales importantes en estos mensajes.

Posibles sanciones

Aunque estas prácticas no han desencadenado, hasta el momento, sanciones importantes para Google, los jueces se han mostrado impacientes. En el juicio de Epic Games contra Google, el juez James Donato instruyó al jurado a suponer que Google eliminó documentos importantes, aunque no llegó a decir explícitamente que esos documentos eran desfavorables para la compañía. Google perdió ese juicio y actualmente está apelando la decisión. Por su parte, el juez Amit Mehta advirtió a Google que "podría no tener la misma suerte" en futuros casos si las pruebas continúan desapareciendo.

En la carta enviada al Colegio de Abogados de California, los grupos de defensa instan a que se investigue a Walker y a otros abogados, tanto de Google como de despachos externos, que hayan tenido conocimiento de estas políticas de destrucción de pruebas. La carta señala que Walker, como miembro del Colegio, tenía la obligación ética de "preservar y salvaguardar las pruebas relevantes", y que su aparente fracaso en hacerlo constituye una violación de las leyes estatales de California y de sus responsabilidades éticas como abogado.

Las sanciones que podrían imponerse incluyen desde la suspensión temporal hasta la inhabilitación profesional. Sin embargo, este tipo de medidas disciplinarias son relativamente raras. Según los datos más recientes del Colegio de Abogados, en el año fiscal 2023 se abrieron 17.000 casos de posibles violaciones éticas, pero solo 243 abogados fueron sancionados, de los cuales 76 resultaron inhabilitados.

En respuesta a las acusaciones, un portavoz de Google, Peter Schottenfels, aseguró que la compañía ha cumplido con todas sus obligaciones legales en los procesos judiciales en curso, y que ha proporcionado millones de documentos, incluidos correos electrónicos y mensajes de chat relevantes. "Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de preservar y producir los documentos relevantes", afirmó Schottenfels, destacando que Google ha respondido de manera exhaustiva a todas las investigaciones y juicios, especialmente en los casos del DoJ.

La carta de los grupos de defensa representa un nuevo intento de llevar a la justicia a un ejecutivo de alto nivel de Google, en un momento en el que la compañía enfrenta múltiples demandas antimonopolio y de competencia. Los críticos esperan que esta vez las consecuencias sean más graves y que los responsables de las políticas de eliminación de pruebas finalmente enfrenten sanciones severas.