El corazón del imperio de Google recibió un golpe significativo este lunes cuando un juez dictaminó que sus operaciones en los mercados de Search y publicidad violan las leyes antimonopolio. El fallo, emitido por el juez Amit Mehta del Distrito de Columbia, favoreció al Departamento de Justicia de EE. UU. y a un grupo de estados que acusaban a Google de abusar de su dominio en online search. "Google es un monopolio, y ha actuado como tal para mantenerlo", escribió Mehta en su fallo, lo que podría tener como consecuencia la prohibición de contratos que durante años garantizaron el dominio de Google en el mercado. Google apelará la decisión, argumentando que el fallo reconoce que ofrece el mejor motor de búsqueda, pero concluye que no deberían poder hacerlo fácilmente accesible.

El juez Mehta determinó que Google violó las leyes antimonopolio en los mercados "general search" y "general search text ads", que son los anuncios que aparecen en la parte superior de la página de resultados de búsqueda. Sin embargo, la empresa no fue considerada responsable en el mercado de "search advertising", ya que no posee un monopolio allí. Este fallo representa una gran victoria para el Departamento de Justicia y podría tener enormes implicaciones para otras grandes empresas tecnológicas como Apple, Amazon y Meta, que enfrentan demandas antimonopolio similares. La vigilancia sobre Google es parte de un esfuerzo más amplio de la administración Biden para frenar lo que considera comportamientos anticompetitivos en diversas industrias, desde la tecnología hasta la salud.

Para Google, la decisión del juez afecta a uno de sus principales motores de ganancias. En 2023, la publicidad en Search generó más de 175.000 millones de dólares en ingresos, representando una parte significativa de los 237.000 millones obtenidos en total por la publicidad en todas sus plataformas. La decisión llega tras un juicio de dos meses en el que testificaron altos ejecutivos de Google, incluidos su CEO Sundar Pichai, y representantes de rivales como Microsoft y DuckDuckGo.

El Departamento de Justicia y 35 estados, junto con Guam, Puerto Rico y el Distrito de Columbia, acusaron a Google de mantener injustamente su dominio en Search, incluyendo la publicidad en motores de búsqueda y text advertising. El caso se centró en los contratos de Google con fabricantes de dispositivos y servicios de navegadores que, según el gobierno, convertían a Google en el proveedor de búsqueda predeterminado obligatorio, violando así las leyes antimonopolio.

Según Yahoo Finance, Google argumentó que su dominio en el mercado se debe a la calidad superior de sus productos, y no a conductas anticompetitivas. Sin embargo, el fallo del juez Mehta podría cambiar drásticamente el panorama del mercado de búsqueda, especialmente en un momento en que la industria está en medio de una transformación hacia la integración de respuestas impulsadas por IA generativa. Este movimiento hacia resultados de búsqueda basados en IA genera nuevas preocupaciones sobre el impacto en los sites de terceros que proporcionan el contenido utilizado para estas respuestas, lo que podría afectar significativamente sus ingresos por visitas y publicidad. Google podría argumentar que los problemas anticompetitivos identificados ya no existen o se han reducido, especialmente con la incorporación de nuevas tecnologías de búsqueda impulsadas por IA.

Mientras tanto, la industria ‘online search’ está experimentando un cambio con la integración de tecnologías de IA generativa en los motores de búsqueda. Google ha añadido su función ‘IA Overviews’ a su servicio de búsqueda estándar, ofreciendo respuestas impulsadas por IA que resumen contenido de webs. Esta evolución en la tecnología Search plantea nuevas preguntas sobre la equidad en la competencia, especialmente en lo que respecta a cómo se acredita el contenido utilizado para generar respuestas de IA.Microsoft también ha comenzado a integrar funciones de IA en Bing, lo que podría alterar aún más la dinámica competitiva en este sector.

La decisión del juez Mehta no solo representa un desafío legal para Google, sino que también podría marcar el comienzo de una nueva era en la regulación de las grandes empresas tecnológicas, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá del mercado online search.