La consultora Deloitte y la asociación OdiseIA, que vela por la ética en la inteligencia artificial (IA),  serán las compañías encargadas de crear el sello de seguridad y calidad de la IA en España, que certificará las iniciativas y organizaciones que utilicen esta tecnología en nuestro país. Así lo adelantaba la pasada semana El Mundo, que apuntaba que el Ministerio de Asuntos Económicos, liderado por Nadia Calviño, está ultimando los detalles de la oferta para adjudicarla.

La oferta conjunta presentada por ambas entidades asciendía a 1,6 millones de euros y obtuvo la mayor puntuación.

Entre las tareas que tendrán que desarrollar Deloitte y OdiseIA está la fijación de los criterios técnicos que tienen que alcanzar las empresas para conseguir esta certificación, la creación de un software para que las compañías puedan autoevaluar la seguridad y calidad de su IA, además de hacer un seguimiento de todos los proyectos que se presenten a conseguir dicho sello. Se prevé que el proyecto finalice 30 meses después de su adjudicación.

Este sello, como señalan algunos medios, tendrá un carácter voluntario y su desarrollo se adaptará al contenido final del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. El desbloqueo de esta legislación es una de las prioridades del Gobierno durante la presidencia española del Consejo Europeo en la segunda mitad del año.

Adicionalmente, ambas organizaciones también obtendrán un rol asesor de la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que se instalará en A Coruña, para la cual elaborarán informes con recomendaciones sobre su futura estructura y conformación de su equipo supervisor.

Posibles efectos discriminatorios

Pese a las peticiones de los expertos para regular el uso de la IA (incluida la del propio Altman, CEO de OpenAI, empresa que lanzó ChatGPT), una parte del sector privado en España teme que la regulación actúe como un freno a la innovación en Europa.

En paralelo, el Ejecutivo también adjudicará en las próximas fechas otro contrato para desarrollar labores de apoyo y consultoría en la elaboración de un plan que recoja los posibles efectos discriminatorios del uso de la IA en los colectivos vulnerables, así como la elaboración de un estudio que mida la percepeción de los ciudadanos sobre la IA, como recoge el medio anteriormente citado.

El lote incluirá diversos servicios que van desde talleres de formación y evaluación de las posibilidades del uso de la inteligencia artificial en la Administración hasta la creación de un servicio de asesoramiento gratuito para empresas en la aplicación responsable de esta tecnología.

Fuente: elEconomista